Más de 300 libreros piden el fin del procesamiento del editor de La Fabrique detenido en Londres
El revuelo de la industria del libro no se calmó tras el interrogatorio del director de una editorial en abril. Fue puesto en libertad bajo fianza, pero sigue acusado de “obstrucción a una investigación antiterrorista”. Se había negado a que la policía registrara su teléfono.
Se trata de un nuevo síntoma de “terrorismo intelectual”. Un artículo publicado en Libération y firmado por un grupo de más de 300 libreros denuncia enérgicamente la detención del editor Ernest M. el 17 de abril.
El responsable de derechos extranjeros de la editorial La Fabrique -muy comprometida con la izquierda- fue detenido en Londres a la salida de la estación de St. Pancras, y puesto en libertad bajo fianza tras ser interrogado por la policía británica. La policía justificó la operación por su negativa a someterse al registro de su material informático. El incidente conmocionó profundamente a una parte de la industria francesa del libro.
La escandalosa detención del empleado de una editorial francesa en Gran Bretaña –y en particular las curiosas preguntas a las que tuvo que responder, que sugieren un servicio prestado a las autoridades francesas por los británicos– es una muestra más de la grave deriva autoritaria de un gobierno desesperado que trata a su población como enemigos y a la oposición como delincuentes, alarmaron los firmantes de la tribuna para expresar su “solidaridad sin fisuras” con su colega.
El colectivo no se anda por las ramas y acusa explícitamente al Ministerio del Interior de estar detrás de este odioso intento de intimidación. “Este asunto es un recordatorio más general de que el comercio del libro es una actividad supervisada”, señalan los libreros del colectivo, que culpan a Gérald Darmanin, acusándole de terrorismo intelectual. El Ministro del Interior provocó fuertes reacciones en abril al utilizar este término para calificar las acciones de la “extrema izquierda” en una entrevista publicada en Le Journal du Dimanche.
Legislación antiterrorista
“Si existe el terrorismo intelectual, somos por naturaleza sus portavoces”, afirman las más de 300 personas que escribieron la columna. Las mismas personas aseguran también que siguen produciendo y difundiendo pensamientos críticos que “tienen en común no agradar a la plaza Beauvau”.
Tras la detención de Ernest M., doce eurodiputados escribieron a la ministra británica del Interior, Suella Braverman, denunciando “un ataque a la libertad de expresión” y expresando su preocupación “por la deriva represiva del actual gobierno francés” hacia los opositores a la reforma de las pensiones.
El 2 de mayo, Le Monde publicó una primera declaración en apoyo de Ernest M. y La Fabrique. Un grupo de autores vinculados a la editorial exigía “el levantamiento del procedimiento contra su gestor de derechos en el extranjero” y la devolución de su material. El interesado, que deberá responder a una nueva citación en los próximos días, sigue perseguido por la justicia británica por “obstrucción a una investigación antiterrorista”, en virtud de una legislación local que permite a las autoridades registrar a personas sin autorización previa. “Se ha cruzado un nuevo umbral de autoritarismo”, afirman los autores de la carta, firmada por el sociólogo Bernard Friot, el economista Frédéric Lordon, la politóloga Françoise Vergès y la filósofa Judith Butler.
La editorial La Fabrique también expresó su indignación el mes pasado por la detención y procesamiento de su editor. “Este caso sienta un precedente para cualquiera que realice un trabajo intelectual y cuya producción pueda ser considerada vergonzosa por las autoridades”, protestó el editor en un comunicado publicado el 19 de abril, expresando su preocupación por los límites impuestos por la legislación de excepción a las libertades de prensa y de cátedra. Por último, el incidente conmovió también al Sindicato Nacional de la Edición, que recordó el 9 de mayo “la importancia de la libertad de publicación”.
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